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CUIDADOS, IDENTIDADES Y VIOLENCIA MACHISTA

En la Constitución actual prevalece el derecho a la propiedad en un modelo cuya base de la sociedad es la familia nuclear y heterosexual. En un contexto patriarcal, esto se ha traducido en un hábitat que no sólo desconoce, sino que margina y violenta a las mujeres y diversidades, especialmente de escasos recursos. Por eso, debemos garantizar derechos sexuales, de identidad y reproductivos, que pongan en el centro los cuidados y permitan un habitar libre de violencia tanto en el espacio público como privado.

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GOBERNANZA Y DEMOCRACIA DIRECTA

Las instituciones públicas no sólo han demostrado no estar en sintonía con la voluntad de las mayorías, si no que por el contrario, de una minoría muchas veces vinculadas a los intereses privados. Para avanzar, se debe relevar el rol de la comunidad a través de mecanismos de democracia directa en las distintas escalas de toma de decisiones, especialmente la local y regional. Lo anterior, debe acompañarse con una transferencia de recursos y competencias desde el nivel central a gobiernos locales, incentivando la descentralización y autonomía.

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LA ETNO-RACIALIZACIÓN DEL ESPACIO

Históricamente, en Chile ha existido un rechazo y negación de la diversidad desde una perspectiva racista, lo cual tiene como consecuencia que, desde un enfoque de derechos, no existan garantías ni acceso al bienestar, seguridad, respeto, cuidado y sostenibilidad de la vida para todas las personas. Hoy, ad portas de un proceso constituyente, es necesario un abordaje interseccional que, reconozca las opresiones que afectan y violentan a aquellos grupos que han sido sistemáticamente racializados y, por otro lado, entienda la diversidad desde la interculturalidad, la plurinacionalidad, libre determinación y autogobierno de los pueblos que así lo decidan.

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FUNCIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA PROPIEDAD

El modelo actual es insostenible social y medioambientalmente. El sistema neoliberal impuesto en Chile no sólo pone los intereses de los privados por sobre los intereses públicos y colectivos, si no también sobre nuestro medio ambiente. Lo que ha generado la vulneración de nuestros derechos, especialmente a mujeres y otros grupos como pueblos indígenas y población rural. Necesitamos avanzar a principios que delimiten el derecho de propiedad en base al interés colectivo,
el bien común y el resguardo de la naturaleza. Por ello, la Nueva Constitución debe, además de garantizar los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, poner especial atención en cómo establecer la función social y ambiental del derecho de propiedad.

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VIVIENDA: PRECIOS, DEUDA Y PRECARIEDAD

Hoy vivir en una vivienda digna en Chile es casi imposible. La mayoría de la población que vive bajo un techo está endeudada, hacinada, allegada, habita en un campamento o paga arriendos abusivos en condiciones precarias. La vivienda adecuada en Chile es un lujo para una minoría. La vivienda, además de no ser reconocida como un derecho en nuestra Constitución, no sólo debe garantizar acceso a un techo, sino también las condiciones económicas, culturales y ambientales que permitan una vida digna en todas las dimensiones.

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MOVILIDADES ACTIVAS, DIVERSAS E INCLUSIVAS

La Constitución no contempla el derecho a la movilidad. A las limitaciones que significa un modelo centralizado, antidemocrático y basado casi exclusivamente en la reducción de los tiempos de viaje, el sistema de transporte y movilidad carece de principios de inclusividad, género, cuidados, participación y sostenibilidad. Lo anterior ha derivado en un modelo diseñado para una minoría que ocupa automóvil o que se desplaza por motivos productivos o de consumo. La Nueva Constitución debe garantizar el derecho a movernos de manera diversa y segura, priorizando las movilidades activas y colectivas en un sistema integrado.

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MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD Y ZONAS DE SACRIFICIO

El modelo actual sobreexplota nuestros bienes comunes naturales tales como el agua, los lagos, humedales, el aire y minerales de forma indiscriminada. El marco regulatorio es insuficiente en un sistema que depreda todo a su paso e incluso enferma a nuestra población
a través zonas de sacrificio y ciudades contaminadas. No sólo debemos avanzar en la protección de nuestro ecosistema a través de principios de conservación, preservación y regeneración, sino también garantizar los derechos de la naturaleza, promover el buen vivir y establecer la soberanía y seguridad alimentaria.

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AVANZAR HACIA UNA INTEGRACION URBANA REAL 

La segregación urbana es un componente clave de la desigualdad.
La Constitución de 1980 desreguló y liberalizó mecanismos que permiten acceder dignamente a la ciudad e incentivó la competencia económica entre municipios “homogéneos”. Lo anterior derivó en comunas para ricos y para pobres. Queremos que la Nueva Constitución redistribuya mejor los recursos entre municipios y garantice el acceso a vivienda, servicios básicos y equipamientos dignos y sostenibles en todos los sectores de la ciudad para que el mercado no elija por nosotres.

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PATRIMONIO, MEMORIA E IDENTIDAD

Debemos dejar atrás la mirada mercantil, patriarcal, racista y elitista sobre nuestras distintas formas de patrimonio. La Constitución debe
reconfigurar el relato oficial vigente para avanzar a mecanismos de
autodeterminación y preservación de nuestras diversas identidades y
memorias. Lo anterior debe definirse desde y para las comunidades
locales y con miras a un medio ambiente sostenible, asegurando una
gestión democrática de los valores materiales e inmateriales, parte de
los derechos culturales y ambientales.

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